[Croniquilla dedicada a todas las personas que  asistieron a la presentación de La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948): alcaldes, concejales y responsables políticos de la Ciudad y su Comarca, compañeros del Centro de Estudios Mirobrigenses y su secretaria Socorro Uribe Malmierca, familiares y vecinos de víctimas, suscriptores y otras personas interesadas por la memoria histórica, algunas llegadas de lejos. De un modo u otro, con su presencia, contribuyeron a un inesperado y estimulante éxito de público, que es complementario de la extensa implicación de mirobrigenses y foráneos en la publicación del libro, cuyos ejemplares, por otro lado, están casi todos vendidos. Dedicatoria agradecida para la prensa digital local y las páginas web del CEM y de Farinatos por la Memoria, que difunden nuestras croniquillas y necrologios].

La segunda serie de razias de guardias y milicianos fascistas se centraron en los últimos días de julio contra pueblos que, a imagen de la Ciudad, se habían señalado por sus manifestaciones hostiles al Movimiento: Retortillo, El Bodón, Villar de Ciervo, Robleda y de nuevo Ciudad Rodrigo. Una de las primeras operaciones de los comandos represivos (aludidos el pasado día 21) tuvo lugar en Retortillo. El alcalde republicano Isaías Montero Egido y los concejales se habían negado a entregar el mando municipal a unos individuos fascistas llegados de Vitigudino el día 22. Esto sucedió en el contexto de una huelga que los socios de la Casa del Pueblo (STT) y la agrupación de Socorros Mutuos habían proclamado el día 20 para defender la República. Por ello el día 25 de julio de 1936 (fiesta señera de Santiago, de descanso obligado durante la faenas de la siega) José Vidriales Varas, tres números de la Guardia Civil y cuatro falangistas se presentaron en esta localidad. La Comandancia de Salamanca les había encomendado la misión de efectuar un recorrido con registros, recogida de banderas y detenciones en Muñoz, Martín de Yeltes, Boada y La Fuente de San Esteban. En Retortillo detuvieron a cinco personas que serían sumariados por el procedimiento “de urgencia” en Salamanca, tres hombres y dos mujeres (C.747/36).

A consecuencia de la documentación incautada, estos y otros numerosos vecinos, cargos municipales, sindicalistas y huelguistas fueron procesados entre 1936 y 1937, empezando por el alcalde Isaías Montero, zapatero de profesión, condenado a reclusión perpetua y una sanción de 10.000 pts. (este importe equivalía a la fortuna que por entonces se les calculaba a los labradores “ricos”), juzgado con otros diez (C.878/36). La misma suerte corrieron el concejal Facundo Calderón García y otros seis (C.748/37), así como otros 23 vecinos (C.380/37). Los peor parados fueron tres vecinos que habían huido en la redada del 25 de julio, porque habían oído que a los socios de la Casa del Pueblo los sacaban de la localidad y eran “fusilados por las fuerzas militares y milicias armadas”: Celso Moro, Cristino Bartolomé Martínez y Máximo Muriel. Estuvieron huidos hasta el día 12 de agosto, cuando cayeron en una trampa análoga a los falsos “bandos de perdón” (Espinosa 2006a: 146). Fiándose de la buena disposición, al parecer no fingida, del alcalde militarista, un sargento de Ingenieros retirado, se presentaron en el pueblo, donde fueron detenidos. Los tres fueron procesados, junto con Juan Inés Moro, acusada de haber ocultado entre el estiércol una pistola de su hermano Celso (C.462/36). La joven fue absuelta y los tres varones condenados a muerte en el consejo de guerra (28/09/36) y ejecutados (23/10/36).

En total se ha identificado a más de medio centenar de vecinos represaliados:

-          5 víctimas mortales

-          46 detenidos y presos (informados y procesados)

-          un maestro depurado

-          3 multados (seguramente fueron más numerosos).

Las autoridades locales hasta ahora no han dejado constancia de reconocimiento alguno de estas víctimas, ni siquiera de las que fueron asesinadas. Esta es la identificación nominal y socio-profesional del Necrologio republicano de Retortillo:

Victorino García Calzada, de 38 años, natural de Boada, hijo de Juan y de Francisca, casado con María del Rosario Sánchez Moro, jornalero; sacado de su domicilio (09/08/36) para Castillejo de Huebra, término de Muñoz, donde fue enterrado fuera del cementerio, en una fosa común, según testimonio de su nieto Victorino García Calderón (ASMJ, inscripción de la defunción fuera de fecha, 26/03/80).

Heliodoro Sánchez Moro, de 25 años, hijo de Julián y de Rosalía, vaquero, vocal de comité de huelga (20/07/36), detenido y preso en Ciudad Rodrigo, aunque no figura en el listado de la cárcel del partido judicial (Desaparecidos 1936). Como su cuñado Victorino García fue de los primeros eliminados clandestinamente (09/08/36), en la misma saca, lugar y demás circunstancias, según testimonio del citado Victorino García, su sobrino nieto (ASMJ).

Cristino Bartolomé Martínez Muriel, de 27 años, hijo de Hermógenes y de Paula, soltero, jornalero, secretario de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra (STT), concejal. Huyó a la finca de Pito y Sierro cuando la Guardia Civil y la Falange lo buscaban para llevarlo a Salamanca (25/07/36), fue detenido en Retortillo por los “guardias cívicos”, preso en Vitigudino (12/08/36) y en Salamanca (20/08/36). Un consejo lo condenó a muerte por “adhesión a la rebelión” (28/09/36) y fue ejecutado en el campo de El Marín (23/10/36), siendo enterrado en el cementerio de Salamanca (23/10/36), según la C.462/36.

Celso Moro Hernández, de 31, nacido en Cerralbo, hijo de Nicolás y de Margarita, soltero, jornalero, teniente de alcalde, presidente de la STT, huido, apresado, procesado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Cristino Bartolomé Martínez.

Máximo Muriel Blanco, de 26 años, hijo de Aniano y de Rosario, soltero, jornalero, vocal de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra (STT), huido, apresado, procesado, condenado a muerte, ejecutado y enterrado en las mismas circunstancias que Cristino Bartolomé Martínez.

Una vez declarado el bando de guerra en Ciudad Rodrigo, las fuerzas rebeldes usurparon el poder municipal en los pueblos de la comarca. Depusieron a los gestores republicanos y nombraron para los cargos a vecinos adictos a los golpistas en las localidades donde habían detectado conatos de “resistencia” a la Sublevación o, con anterioridad, una marcada exigencia de reformas republicanas por parte de los socios de la Casa del Pueblo. Esta operación violenta, realizada con intervención de oficiales militares y jefes de puestos de la Guardia Civil y de Carabineros, apoyados por gente armada a sus órdenes, llevaría una semana aproximada. La deposición se efectuaría al proclamar el estado de guerra en alguna localidad (desde el día 20 de julio) y la imposición de la comisión militarista se formalizaría al día siguiente, a partir del 21 de julio, como en la Ciudad y en Aldea del Obispo.

De este relevo forzado en Ciudad Rodrigo se encargó Juan Sáez Chorot, capitán de la Guardia Civil y comandante militar provisional de la plaza. El día 21 de julio, de una tacada confirmó la destitución de la corporación legítima (“por haber abandonado la Gestora municipal sus funciones”, lo cual era una mentira manifiesta, pues los gestores legítimos habían sido detenidos por el ejército y los agentes rebeldes) e impuso otra de corte militarista, presidida por Magín Vieyros de Anta, sargento de Infantería retirado. En otras localidades del partido judicial mirobrigense los comandantes de los puestos de la Guardia Civil o de Carabineros efectuaron el nombramiento por delegación de la autoridad militar de la 7ª Región Militar (Valladolid). En teoría el nombramiento de nuevas gestoras incumbía al gobernador civil golpista (primero Rafael Santa-Pau y después Ramón Cibrán, jefes militares ambos), pero a veces actuaban como delegados otros oficiales o personas civiles hasta que fueron cesados el 5 de agosto. En el partido de Sequeros actuaron como delegados para esta misión, además de Ventura Sánchez-Tabernero, marqués de Llén, Antonio Maíllo, jefe de Acción Popular, y Manuel Fuentes, jefe de Falange en dicha localidad.

En la indicada sesión de plenos del 21 de julio, el Cap. Sáez, siguiendo un bando del general Mola fechado en Burgos el día anterior, autorizaba y alentaba a la nueva Corporación para la creación de “una milicia fascista” a base de las Juventudes de las formaciones derechistas, “constituyendo un Cuerpo de Agentes para el mantenimiento del orden” (AMCR, ses., 21/07/36). Con este objetivo serían equipados como los militares, llevando correaje, armamento, distintivos. Los “servicios” que, hasta su disolución en 1939,  prestaron estos milicianos fascistas son de sobra conocidos en general; los detalles se expondrán llegado el caso. Las diversas facciones ya tenían jefes o los tuvieron pronto, aunque solamente Falange y Acción Popular parecían tener una organización bien establecida en Ciudad Rodrigo, con Juan Agustín Calzada Hernández y Lorenzo Muñoz Báez al frente, respectivamente. El alcalde Vieyros en la susodicha sesión nombró jefe de las milicias de la Ciudad a Eusebio Arévalo Vicente, que, por suerte para él y sobre todo para los mirobrigenses, no dejó huellas conocidas de sus “hazañas”,  pues enseguida sería eclipsado por Ernesto Bravo Rivero, alférez de complemento del Rgto. de Infantería de la Victoria (Salamanca), que se hallaba de permiso en Ciudad Rodrigo al iniciarse el Alzamiento. De su eficacia represiva él mismo se hizo pregonero cuando fue procesado y de sus amenazas con la pistola en la mano testificaron las víctimas de sus extorsiones (C.2133/37).

Los milicianos fascistas en seguida fueron inseparables acompañantes de los comandos de la Guardia Civil que la jerarquía militar de Salamanca enviaba a determinados pueblos o zonas para los registros domiciliarios, detenciones de republicanos señalados y recogida de “donativos” para el Ejército, que eran multas y verdaderas extorsiones. Las primeras redadas de este tipo se comprueban en torno al 25 de julio en Retortillo y los pueblos de la Sierra. Una vez instalado el terror en regla, en la segunda semana de agosto, los milicianos fascistas practicaban las correrías con más autonomía, sobre todo allí donde no había puestos de la Guardia Civil o de los Carabineros, pero no actuaban por su cuenta. Ellos mismos dejaron claro que, para las ejecuciones extrajudiciales, tenían delegación e incluso órdenes verbales de las autoridades militares y, llegado el caso de ser acusados de “gravísimos cargos”, los consejos de guerra los absolvieron (C.2133/37), a no ser que los jueces instructores hicieran pasar a los victimarios por antiguos izquierdistas (C.728/37).

La noticia de la sublevación militar contra la II República llegaría a Ciudad Rodrigo y su zona de un modo confuso los días 18 y día 19 de julio. Las autoridades republicanas de la Ciudad, los líderes políticos que apoyaban al Frente Popular y los socios de la Casa del Pueblo estuvieron reunidos en el ayuntamiento para seguir las emisiones de radio, que también escuchaban otros simpatizantes y curiosos. La Guardia Civil se negó a entregar las armas, anteriormente requisadas por orden gubernamental, para que los sindicalistas pudieran defender la República, pero no proclamó el bando de guerra ni impidió hasta la tarde del 19 la salida de coches con emisarios portadores de consignas para una serie de pueblos de la comarca. La corporación municipal y los responsables políticos, con la ayuda de algunos policías y carabineros, consiguieron mantener el orden republicano y trataron de que se hiciera lo mismo en los pueblos. Para ello enviaron a dichos emisarios con la orden de que obstaculizaran el paso de las fuerzas rebeldes y los fascistas que las apoyaban. Así intentaron hacerlo principalmente los sindicalistas de Saelices, El Bodón, Fuenteguinaldo y Robleda, entre otros pueblos.

El día 20 de julio efectivos del Ejército, la Guardia Civil y Milicias Facistas, llegados de Salamanca, proclamaron el estado de guerra (bando del general Andrés Saliquet, El Norte de Castilla, Valladolid, 19/07/36) en Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro y Saelices. El mismo día comenzó la represión, pues entonces serían detenidos seis vecinos de la Ciudad y tres de Saelices, que, por orden militar, fueron enviados a la prisión provincial, adonde llegaron otro detenido el día 30 de julio y otros dos el día 3 de agosto, uno de ellos vecino de Salamanca. En total doce, contra los cuales el Cap. Gaspar Holgado enseguida empezó  a instruir un juicio sumarísimo (J.sum.265/36):

Joaquín Gaite Veloso, catedrático de enseñanza media, socialista, Luis Sánchez Rivero, agente de Vigilancia, Aristóteles González Riesco, registrador de la propiedad, socialista, gestor provincial, Epifanio Cejudo Cejudo, peatón de correo (Saelices), Eusebio Garduño Alonso, jornalero, socialista (Saelices), Martín Cenizo Calderero, jornalero (STT) , socialista, concejal (Saelices), Vicente Repila Tetilla, carretero, Emiliano Calvo Vallejo, alpargatero, socialista, Aquilino Moro Ledesma, sastre, concejal, de Izquierda Republicana , Domingo Hurtado Martínez, electricista, comunista, Manuel Martín Cascón, abogado, alcalde, de Izquierda Republicana, y Antero Pérez Rodríguez (vecino de Salamanca), abogado, contable, presidente de las Juventudes Socialistas. (Para otros detalles y necrologio se remite a la croniquilla del día 30 de agosto).

El día 20 quizá serían detenidos también dos jornaleros de Saelices, Aquilino Mateos Blanco y Santiago Sánchez Peinado, respectivamente presidente y secretario del Sindicato de la Tierra (STT), que el día 7 agosto serían ejecutados clandestinamente en la dehesa de Majuelos (ver croniquilla y necrologio del día 8 de agosto).

 (Ángel Iglesias Ovejero)

Hoy se cumplen 80 años del inicio de la represión franquista, que duró en este territorio desde el bando de guerra (19 de julio de 1936) hasta el fin de la Dictadura, pero sus efectos se han hecho sentir hasta hoy. Por ello, como prometíamos el 14 de abril pasado, es buen momento para tratar de dar un paso más en el reconocimiento de sus víctimas, ya iniciado con el homenaje a las víctimas de Casillas de Flores el día de ayer. Con ello no se trata de fomentar el odio (¿contra quién, contra los represores muertos impunes?), como los tardo-franquistas quieren hacer creer a los incautos, al tiempo que aprovechan la ocasión para dárselas de mansos corderos y de enviar “generosos” perdones (que no les cuestan nada, porque regalan lo que no es suyo, después de haberse cobrado con creces, durante cuarenta años, las deudas a que fueran acreedores en otras partes, si es que realmente las tuvieron) y pavonearse de la buena educación que han recibido y lo buenos que son. Las víctimas republicanas de esta zona nunca fueron perdonadas, ni vivas ni muertas, sino injuriadas, negadas y olvidadas oficialmente. Ellas y sus familiares tienen derecho a una dignificación de su memoria, que es un deber que incumbe a todos los demócratas. Y para cumplirlo es necesario que éstos sepan lo que pasó, sin tapujos, hasta donde sea posible. Los negacionistas y olvidadizos pueden seguir por su camino, derramando lágrimas de cocodrilo si lo desean (en realidad ni olvidan ni perdonan, como lo prueban las cruces de los “caídos por Dios y por España”, que no fueron otra cosa que carne de cañón en una guerra promovida por Franco y los suyos, cuyas nóminas encabezan a veces el yugo y las flechas, así como el nombre de José Antonio Primo de Rivera, todos ellos todavía “presentes” en numerosos pueblos, a pesar de su ilegalidad). Nosotros seguiremos exactamente el sentido contrario: contra la negación y el olvido, sin odio, porque no tenemos adversarios ni energía para ello, y sin perdones históricos, porque no tenemos delegación de nadie para impartirlos.

A grandes rasgos los avatares de la guerra y la represión en la provincia de Salamanca han sido analizados por Santiago López y Severiano Delgado. Sobre la primera hay poco que contar. No era posible la resistencia, sin armas, contra los enemigos de la República, los rebeldes del Ejército, la Policía, los Institutos armados y las Milicias fascistas, también armadas enseguida, si es que sus miembros no lo estaban ya antes del Alzamiento, como sucedía con los falangistas y japosos (Juventudes de Acción Popular) de Ciudad Rodrigo en la primavera de 1936. El terror fue el germen del Nuevo Estado, que ya se cobró las primera víctimas el día mismo de la proclamación del estado de guerra en Salamanca (19/07/1936). Pero el conocimiento de los hechos y de sus agentes y pacientes durante mucho tiempo fue obstaculizado por el miedo y las políticas de la memoria hasta finales del siglo XX (F. Espinosa 2006): la “negación” durante toda la Dictadura, el “olvido” en la Transición (1977-1981) y la “suspensión” de actividades de reconocimiento después (1982-1996). Con la apertura de los archivos militares se pudo analizar la “represión legalizada”, pero no la “extrajudicial”, que fue la más extendida en los pueblos de la comarca mirobrigense en 1936. Este fue el motivo básico de nuestro trabajo sobre La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (recientemente editado por el Centro de Estudio Mirobrigenses y cuya presentación está prevista para el próximo día 23), que, además de los obstáculos previstos, se encontró con la cantinela de que la memoria histórica, apenas “resurgida”, ya se daba por superada y obsoleta (“¿qué queremos eso?, ya hace mucho tiempo que pasó”).

En gran medida este trabajo se basa en información oral y escrita relativa a unas sesenta localidades del SO de Salamanca afectadas por la violencia de Estado entre 1936 y 1948, período en que estuvo vigente el estado de guerra. Así se comprueba que las represalias se centraron en una veintena de pueblos, donde los represores habían detectado una fuerte implantación sindical y arraigo republicano, manifiesto en los intentos de aplicación de las reformas (sobre todo la reforma agraria) antes del Movimiento, los conatos de oposición al producirse el mismo o de desafección después. Por esta razón los ayuntamientos de las aludidas localidades fueron invitadas a colaborar en la edición del libro, cosa que hicieron las corporaciones de Aldea del Obispo, El Bodón, Ciudad Rodrigo, Fuenteguinaldo, Mogarraz y Robleda. En los otros municipios dieron la callada por respuesta (porque, al parecer, la mezquindad y el olvido son compatibles con la falta de cortesía). Tampoco quiso colaborar la Diputación de Salamanca, confirmando así que esta provincia es la más negada para el reconocimiento de la memoria de la represión en la Comunidad de Castilla y León, que tampoco ha sido pionera en ese sentido. Sin embargo, no sería justo privar a los vecinos de dichos pueblos (ni a otros posibles interesados) del conocimiento de lo que pasó en ellos a partir del 19 de julio de 1936. En consecuencia, aquí nos proponemos recordar brevemente las principales efemérides (o lo que deberían ser efemérides recordadas), a modo de crónica fragmentaria sobre la violencia ejercida contra ciudadanos indefensos, principalmente en el primer año de la guerra civil.

Las principales referencias bibliográficas son las ya mencionadas: Santiago López García y Severiano Delgado Cruz (2001): “Víctimas y Nuevo Estado (1936-1940)”. En: Ricardo Robledo Hernández, coordinador, J-L. Martín, director: Historia de Salamanca. Siglo XIX. Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 219-324; (2004): “La guerra civil en la comarca de Ciudad Rodrigo”. En: La raya luso-española: relaciones hispano-portuguesas del Duero al Tajo. Salamanca, punto de encuentro. Coed. Diputación de Salamanca, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y Centro de Estudios Mirobrigenses, 158-161; (2007): “Que no se olvide el castigo: la represión en Salamanca durante la guerra civil”. En: Ricardo Robledo: Esta salvaje pesadilla: Salamanca en la guerra civil española. Barcelona, Crítica, 99-187. Ángel Iglesias Ovejero: La represión franquista en el sudoeste de Salamanca (1936-1948), Centro de Estudios Mirobrigenses (2016), donde pueden verse otras fuentes y bibliografía (p. 637-663). Para detalles sobre personas represaliadas en la provincia de Salamanca se remite también a la base de datos de la Asociación de Salamanca por la Memoria y la Justicia (ASMJ): salamancamemoriayjusticia.org.

Los necrologios responden al objetivo de que los lectores corrijan eventuales errores y señalen detalles y otros nombres de víctimas. La operación ya ha empezado a dar sus frutos en el homenaje de las víctimas de Casillas de Flores, donde Pilar Martín ha confirmado que su tío José Martín fue una de las víctimas mortales, hasta ahora consideradas dudosas.

(Ángel Iglesias Ovejero)

Mañana está prevista en Casillas de Flores la colocación de una placa con los nombres de las víctimas mortales de esta localidad en la represión franquista, que hasta ahora no han tenido ninguna forma de  reconocimiento por parte de las autoridades locales ni de ninguna otra de la provincia de Salamanca y la Comunidad de Castilla y León. El homenaje, en el que sería deseable la presencia de la corporación municipal, se debe a la iniciativa responsable y generosa de las familias Gómez Álvarez y González Moreiro,

descendientes respectivos de Antonio Álvarez Martínez y de José María Moreiro Ríos.

Como anticipo de las croniquillas y necrologios del verano y otoño sangriento de 1936 en el SO de Salamanca, a partir del próximo día 18, se propone aquí el necrologio de Casillas de Flores, con las víctimas mortales hasta ahora identificadas.

José María Moreiro Ríos, de 37 años, hijo de Ángel y Cándida, dueño de un establecimiento de bebidas, alcalde republicano, casado con Isabel Gómez Martín, con quien tenía tres hijos menores. Murió “víctima de la guerra” el día 8 de agosto de 1936, según la dedicatoria de su esposa e hijos en la lápida del cementerio de Casillas de Flores, donde está enterrado (Iglesias 2009a). Un expediente de 1979, a instancia de su viuda, con información testifical, corrige la fecha de su muerte y la causa (detención sangrienta en las afueras del pueblo): “el día 13 de agosto de 1936 fue sacado de su domicilio de Casillas de Flores (...) y muerto violentamente [por mano] del hombre” (AMCR, Viudas; RCCdF., act. def. 03/03/80). La fecha del día 8 quizá corresponda a la de un primer intento de detención del que conseguiría librarse provisionalmente, gracias a la ayuda de Ángel Montero Estévez, que a su vez tendría que esconderse en Portugal y sería multado con 50.000 pesetas, de nuevo denunciado en 1941 (C.171/41).

Felipe Rastrero Antúnez, de 59 años, hijo de Manuel y Rosaura, sin indicación de profesión, casado con Rosalía González Alfonso, con quien tenía cinco hijos. Falleció “en Casillas de Flores” el día 13 de agosto de 1936, “por motivos de la guerra civil española”, sin indicación del lugar donde fue enterrado, según su tardía acta de defunción  (RCCdF., 29/10/1981, “expediente instado por Dª Celia Rastrero González”). Según testimonios de familiares (CdF 2006), fue víctima de una detención sangrienta en su propio domicilio. Después de un registro, los victimarios le dispararon a las piernas y, cuando se desangraba sin asistencia médica, lo remataron en presencia de su familia (Iglesias 2009a).

Antonio Francisco Álvarez Martínez (a) “Portones”, de 36 años, hijo de Manuel e Isabel, jornalero, teniente de alcalde republicano, casado con Julia Moreiro Antúnez, con quien tenía tres hijos menores. Había estado en Francia. Fue detenido por carabineros en presencia de su esposa e hijos. Después de un fugaz paso por la cárcel local (CdF 2009), ingresó en la prisión del partido judicial como “detenido [militar]” a las 20.15 horas del día 30 de julio de 1936. En teoría fue puesto “en libertad” el 8 de octubre; pero de hecho fue objeto de una saca carcelaria (AMCR, Desaparecidos 1936). En un informe policial de 1979 se añade que esta salida en libertad se produjo “en unión de otros que figuran en distinto expediente, sin que conste nada más” (AMCR, Viudas), sin duda en referencia a los vecinos de Fuenteguinaldo también sacados aquel día. Sobre su destino y enterramiento caben diversas conjeturas; el más probable parece la finca de Aldeanueva de Portanobis, término de Castillejo de Martín Viejo. Allí se practicó una exhumación (2010) en la que se hallaron restos de tres víctimas.

Antonio Cánovas (o Canovas) Mesa (nat. de Mazarrón, Murcia), de 38 años, hijo de Juan y María de las Mercedes, quizá albañil, presidente de la Sociedad Obrera (STT), casado con Basilisa González Zamarreño, sin constancia exacta de descendencia. Según el acta de defunción tardía, falleció “de muerte violenta” el día 15 de octubre de 1936 en las afueras de Ciudad Rodrigo, sin indicación del lugar de sepultura (RCCR, act. def. 31/01/1981). La documentación de archivo revela que fue detenido el mismo día que Antonio F. Álvarez y, aunque se benefició de una fugaz salida de la cárcel, ambos debieron de compartir los mismos avatares finales de la saca carcelaria y lugar de enterramiento.

Timoteo Feliciano Mateos Ríos, de 29 años, hijo de José y Adela, jornalero. Fue detenido el 7 de octubre con los vecinos de Fuenteguinaldo, con quienes ingresó en la prisión del partido judicial y como ellos fue sacado a las 4 horas de la mañana del día siguiente (AMCR, Desaparecidos 1936), siendo asesinado en el camino de Gazapos, cerca del antiguo monasterio de La Caridad. Había estado en Francia, donde tenía un hermano,  Manuel “Penche”, que regresó a España para defender la República (CdF 2007).

Manuel Bermejo Hernández (a) “de tio Clico”, de 33 años, hijo de Quirico y Julia, jornalero. Estuvo casado dos veces, primero con María Antonia Palos González (15/11/1926) y después con Manuela Álvarez Lanchas (21/11/1931), prima hermana de Antonio Álvarez, sin que haya constancia de su descendencia (CdF 2008). Sería asesinado en lugar desconocido con posterioridad al 29 de septiembre de 1936, pues en esa fecha el informante Vicente Carballo, que debía haberse incorporado antes al servicio militar y no pudo hacerlo por enfermedad, estuvo cinco días en el hospital de Ciudad Rodrigo y allí coincidió con Manuel “de tio Clico”, que también estaba enfermo. Precisamente allí, los enemigos de Manuel solicitaban apoyos al mencionado informante para su eliminación, a lo que Vicente se negó (CdF 2008).

Quirico Bermejo Escamochero (a) “tio Clico” (nat. Villamiel, Cáceres), hijo de Ramón y Ladislaa, jornalero, aunque sembraba una huerta, con la cual habría alimentado a varios hijos que tenía con su esposa Julia Hernández, tres al menos registrados en el libro de bautismos (Archivo diocesano CR). Fue asesinado como su hijo Manuel, pero quizá después de éste y en una detención sangrienta en fecha indeterminada (CdF 2008 y 2009). La detención se habría producido con el engaño habitual en estos casos, solicitando su entrega “porque no le pasaría nada”.

Los testimonios orales y escritos hablan de una decena larga de casillanos ejecutados extrajudiciales, con total impunidad de los victimarios, pero de momento solamente se han obtenido datos incompletos sobre algunas de estas presumibles víctimas. En su eliminación habrían participado falangistas de Casillas de Flores, que también actuaron en los asesinatos cometidos en Fuenteguinaldo y en los conatos de Navasfrías. Según rumores, había una copiosa “lista” de elegidos para el sacrificio, que habría aligerado un sargento de la Guardia Civil, por estar casado con una mujer de Casillas y ver en el listado el nombre de un cuñado. Otros se librarían en el viaje macabro porque “las fuerzas” los habrían dejado escapar o, con más probabilidad, los detenidos saldrían con vida del juego de la muerte (“caza del conejo”), que, desde el mes de agosto de 1936, los noveles “falangistas” practicaban en la aplicación criminal de la “Ley de fugas”. Y finalmente, algunos afortunados se salvaron de milagro o por influjo de derechistas pudientes.

Entre los de la “lista” figuraba el padre del informante Emilio Hernández (de ocho años entonces), Francisco Hernández, a quien un tal “Gallina” (que se menciona en otras detenciones) “le metió la escopeta en la boca”. Después tuvo que esconderse cerca de la frontera portuguesa con un hermano suyo, llamado Ángel, y dos primos. Emilio les llevaba la comida. Esto sucedió después de que gente amiga condujera en un carro de vacas a la madre y otros tres hijos (el mayor enfermo de meningitis) a las Cuestas de Alberguería de Argañán, adonde todavía fueron a buscar al padre, “cuando estaban trillando”, pero el dueño de la finca se interpuso. Esta persona perseguida acabó de pastor del conde de Montarco (CdF 2006).

Muchas dudas han generado los nombres de José Bernal y José Martín. Según unos informantes, José Bernal desapareció y su madre preguntaba por él, hasta que un vecino (G.) le dijo: “No lo busques más, porque lo maté yo” (CdF 2006). Otro informante pone en duda que muriera e incluso llega a afirmar que “era político, pero no lo mataron” y se casó dos veces (CdF 2007-2008,  Iglesias 2009a). No puede excluirse la homonimia parcial o alguna otra circunstancia que lleve a confundir personas. En efecto, otros informantes mencionan a José Martín entre las víctimas mortales del pueblo: “(…) el hijo de una tal María “la Casquella”, la cual insultaba a todos [los represores] porque le habían llevado un hijo” (CdF 2009). Cabe la posibilidad de que los dos apellidos divergentes se refieran a la misma persona: José Bernal Martín, hijo de Valentín y Adelaida, nacido en Casillas de Flores el de 22 de febrero de 1896 y bautizado el 26 siguiente (ADCR).

Dudas parecidas envuelven el destino de dos hijos de Felipe Rastrero y Rosalía González: Manuel y José Rastrero González. Según el informante Vicente Carballo, estos hermanos fueron víctimas de una ejecución fallida por falangistas casillanos:

“Los sacaron los falangistas (…) y los quedaron como si los hubieran matado. [Manuel y José] consiguieron escapar al monte, donde otro hermano, Jesús, iba con las cabras. José tenía que incorporarse al ejército, y el abuelo, que, a diferencia del padre, era de derechas, medió y se pudo incorporar en Salamanca, no sin encontrarse con un guardia de Casillas (…), que era un cabrón. Estuvo en la guerra y después se apuntó en la División Azul, por miedo de que lo mataran los falangistas, pero hubo otros 18 ó 20 de Casillas que estuvieron en esa División, algunos buscando la vida, e hicieron carrera militar. José Rastrero estuvo después en Francia, pero no tuvo suerte, murió allí, sin que se sepa la causa. Manuel Rastrero, al parecer, estaba en Francia antes del Movimiento” (CdF 2008).

Algunas de estas y otras dudas similares se habrían resuelto con una simple consulta del archivo municipal de Casillas de Flores, lo que en su momento no se pudo efectuar a satisfacción, porque era de los que “no estaban catalogados”. Los herederos de la tradición local todavía están a tiempo de procurar otras informaciones, incluidas las referidas a las “víctimas indirectas” de la represión, entre las que se han identificado tres fallecidos:

Tomasa Mateos Hernández, muerta en desamparo y por depresión (22/11/38), al estar su marido en el frente de guerra franquista y su madre en la cárcel (C. 1309/38)

Manuel García Peña, muerto en el campo de concentración de Mauthausen (12/02/41) (MCU)

Manuel Álvarez Moreiro, de 17 años, hijo de Antonio F. Álvarez, jornalero. Falleció en extrañas circunstancias relacionadas con la tenencia de armas (29/03/48). Su cadáver apareció en el campo y presentaba herida de arma de fuego.  Oficialmente el hecho fue calificado de “suicidio”, pero a sus familiares no les convenció esta versión, por considerarla inverosímil (CdF 2009).

Además de la represión sangrienta, en Casillas de Flores hubo afectados por otras modalidades represivas:

-11 presos o detenidos

- 4 depurados (2 maestras y 2 militares, uno de estos también preso)

- 9 sancionados con multas (5 de ellos también presos).

Susana L.

La represión franquista dejó 200 muertos en Ciudad Rodrigo

Ciudad Rodrigo fue una de las zonas más represaliadas por el bando nacional en la provincia

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Ciudad Rodrigo fue una de las zonas más represaliadas por el bando nacional nada más producirse el levantamiento contra la República, en 1936. El historiador y nieto de un represaliado en la comarca mirobrigense, Ángel de Miguel, calcula que unas 200 personas fueron asesinadas en los ‘paseos’ organizados por carabineros, guardias civiles y falangistas sin consejos de guerra ni diligencias previas de por medio.

Muchas víctimas siguen enterradas en fincas de la comarca, a la espera de que las investigaciones y la disponibilidad de fondos permitan localizar sus restos y poder darles una sepultura digna.

Además de las aproximadamente 200 personas asesinadas desde que produjo el levantamiento, en julio y hasta mediados de diciembre de 1936, hay un millar más de salmantinos que sufrieron otro tipo de represalias de carácter económico (fueron expoliados) o encarcelados, pero sólo son datos provisionales, “porque cada día que estudiamos surge alguna novedad”, explica De Miguel, que este sábado ha contado sus investigaciones en un acto organizado en la biblioteca del Palacio del Arzobispo Fonseca, en el marco de las actividades del décimo aniversario de Salamanca Memoria y Justicia.

Hay que leer esta página de la historia para superarla y aprender

Hubo depuraciones, penas de prisión y castigos económicos fruto de la delación entre vecinos por rencillas o envidias, rencor e incluso algunos que creyendo que cumplían la nueva ley denunciando al vecino sin otra intención. “Es imposible cerrar la herida porque sigue abierta. No hay rencor, pero sí ilusión por que se sepa qué ha pasado, que se ha sufrido y que eso no ha sido gratis. La gente que ha sufrido quiere que se reconozca su sufrimiento y que ese dolor ha servido para algo”, señala el historiador salmantino.

Familias destrozadas

“Muchas familias fueron brutalmente trastocadas porque perdieron al padre, la madre o al hermano, pero también sus bienes fueron expoliados y quedaron marcados durante decenios como que eran hijos de los rojos y los otros no, y las relaciones eran tensas”, comenta De Miguel.

Pese a que muchos se empeñan en que no se sigan investigando los crímenes del franquismo, el historiador salmantino explica que “hay que leer esta página de la historia para superarla y aprender. La memoria no es un mero recuento de cosas, sino el acerbo cultural que nos permite formar nuestra personalidad y proyectar nuestro futuro”, relata.

Los investigadores que buscan las fosas comunes se están encontrando, además de con la incomprensión de la parte más reaccionaria de los opositores a que se conozcan esos crímenes, con las trabas que ponen algunos propietarios de las fincas donde se cree que están esas fosas comunes y la falta de medios para iniciar las excavaciones y, cuando se encuentran restos mortales, realizar las pruebas de ADN.

Restos recuperados

Entre los 200 asesinados en la comarca de Ciudad Rodrigo ya se han recuperado los cuerpos de los vecinos del Bodón (sus restos estaban en la finca Las Medinillas, junto a Bañobárez) y los de Fuenteguinaldo, que fueron asesinados al lado del monasterio de La Caridad, en Ciudad Rodrigo.

También hay vecinos recuperados en Robleda y los restos de los últimos nueve ciudadanos asesinados en grupo en la finca de Ravida, en diciembre del 36, “pero que fueron desenterrados y no sabemos dónde los llevaron de nuevo”.

YAGÜE, EL CID DEL SIGLO XX

por Luis Castro Berrojo

Yagüe, el que inicia el Movimiento el 17 de julio en Ceuta, donde no hay resistencia, pero sí los primeros asesinatos de civiles y militares leales al gobierno legítimo; el que avanza hasta Maqueda, a un paso de Madrid, al frente de la Columna de la Muerte, dejando simas de sangre popular a su paso; el impulsor de Franco a la dictadura vitalicia; el pionero de la Guerra Relámpago, luego desarrollada por Hitler en toda su extensión; el que por un día cambia el nombre de la plaza de Cataluña por la del Ejército Español; Yagüe, primer ministro del Aire, de la aviación “del imperio que llega”, como él decía, pero sin aviones. (Se los quiso pedir a su amigo Goering, pero este los estaba acopiando para atacar a Polonia y a Rusia, plagadas de morlocks granates y judíos aplastables); Yagüe, que sin duda hubiera luchado con el III Reich, al lado de su camarada Muñoz Grandes, si no hubiera sido por los achaques y sufrimientos por la patria de Franco.El general Yagüe, marqués de San Leonardo de Yagüe, con varias cruces militares, una de ellas por su acción en Asturias en 1934, donde sus legionarios ensayaron con los mineros la vesánica represión que luego sería habitual en la guerra; Palma de Plata de Falange; hijo predilecto de Burgos, Soria, Oviedo, Badajoz, etc.; Gran Cruz del Águila alemana potenzada con cuatro diminutas esvásticas; medalla al trabajo y de sufrimientos por la patria, etc. Yagüe, consejero nacional, capitán general y virrey de Burgos en una década que no dudamos en calificar de ominosa (1943-1952); aniquilador del maquis en 1944; Yagüe, “el que tantas cosas hizo por Burgos”. Hizo un hospital, pues ya se sabe que la guerra causa muchos heridos y también sabemos que Dios nos da la enfermedad y su remedio. A veces, como es el caso, en la misma persona. Hizo también la barriada de su nombre, de casas “ultrabaratas”, cerca de la abarrotada cárcel y bien lejos del centro, no fuera a ser que los obreros quisieran codearse en el Espolón con las distinguidas señoritas de la Sección Femenina o los alféreces de reenganche. He hizo, eso sí, la gran metrópolis militar, el West Point celtibérico, con su Academia de Ingenieros, su Ciudad Deportiva militar –estrangulando el acceso de Gamonal a Fuentes Blancas– el nuevo edificio del Gobierno Militar, la Residencia de Oficiales, la 2ª fase de la barriada militar, el cuartel de Tropas de Sanidad, la ampliación del aeródromo y de los viejos cuarteles de Calzadas, etc, etc., todo ello en buena medida a costa de las arcas municipales, que luego no tenían dinero para pavimentar las calles, sanear barrios o atender el hambre y las enfermedades reinantes en las barriadas periféricas. Pero por Burgos y hacia el imperio. FrancoYague-detallec4.jpgSe dice que un Franco agonizante mandaba llamar a Yagüe para que fuera a detener la Marcha Verde en las provincias del Sahara español. Aznar, retorcido donde los haya, envió a Ceuta como gobernador militar a Juan Yagüe (hijo) tras la crisis del Perejil, con más barcos y tropas para advertencia del rey moro. Yagüe, el general falangista, conspirador de pacotilla, aún ganaba batallas post mortem, como el Cid. Por eso aún se quiere homenajear su memoria, como si estuviéramos bajo el cuarentañismo. O en la Edad Media. Oh, Burgos, por qué no olvidar eso.

Luis Castro Berrojo