Croniquilla del verano y otoño sangriento de 1936. Los “desaparecidos” y perfectos “olvidados”: recordatorio de responsabilidades. La reducida saca del 9 de oct

Hay una categoría de víctimas mortales que han pasado por la vida sin dejar apenas huellas. En cierto modo, son los “desaparecidos” perfectamente “olvidados” o ignorados, como en general pretendían los responsables y ejecutores de las sacas. Casi con seguridad se puede afirmar que eran solteros y pobres, cuyos cadáveres quedaban secuestrados en lugares apartados y su recuerdo borrado con el tiempo. Sin hijos y sin bienes, nadie echaba de menos el testamento y nadie reclamaba sus actas de defunción. Sus padres quizá hubieran asistido a la detención con angustia y llorado su ausencia en vano, pero en 1979 ya habrían muerto probablemente y no ejercerían los derechos que les concedían las leyes (decreto-ley 35/1978). Los hermanos y sobrinos tampoco parecen haberse interesado por ellos (aunque parezca irreverente y cruel asociación, no estará demás recordar el refrán que corre por estos pagos: “Parientes pobres y burros viejos, lejos”). 

Los responsables directos del secuestro de los cadáveres y la desmemoria de estas víctimas, como la de todas las otras en este territorio, son ya de sobra conocidos. Eran mandos militares y paramilitares. En concreto, manejaban la tramoya dos oficiales de los Institutos armados (los capitanes de la Guardia Civil y de Carabineros, respectivamente, Juan Sáez Chorot y Marcelino Ibero Barceló), mientras que la organización de las faenas mecánicas de las ejecuciones extrajudiciales principalmente corría a cargo del jefe de las Milicias Fascistas, un alférez del Ejército (Ernesto Bravo Rivero), y el jefe de Falange de la zona (J. Agustín  Calzada Hernández). Por delegación actuaban otros (alguna vez Fausto San Dámaso, teniente de la Guardia Civil, sustituye “P[or] O[rden” al cap. Sáez). Hasta el 8 de octubre, Juan Sáez y Marcelino Ibero se repartían el protagonismo de aquella pantomima en cuya representación intervenían personajes reales (agentes y pacientes). J. Sáez, como “Comandante Militar de la plaza de Ciudad Rodrigo”, firmaba las órdenes de ingreso en la prisión del partido judicial (las cuales suelen llevar en la parte superior un sello: “Guardia Civil – 2ª Compañía – 19º Tercio”). M. Ibero, como “Capitán Juez del Juzgado Militar de Ciudad Rodrigo”, daba  la orden de “poner en libertad” a los detenidos, que también lleva en la parte superior la indicación del Instituto a que pertenece (“Comandancia de Carabineros. Juzgado de Instrucción”). Hasta la saca del 8 de octubre, uno u otro capitán alternan a veces en la emisión de las órdenes y Marcelino Ibero ejerce de “Comandante Militar” (quizá en ausencia de Sáez), pero es siempre “el Capitán Juez Instructor”. A partir de esta saca inclusive “el Capitán Juez, Marcelino Ibero” ordena el ingreso en prisión y también ejercía de “Comandante Militar”.   

Estas alambicadas triquiñuelas se comprueban en la saca de los vecinos de Bodón (11 de septiembre), donde también queda al descubierto el trampantojo (“El burro tapado y las orejas fuera”). En efecto, contrariamente a lo que los responsables pretendían hacer creer, la orden de la falsa puesta en libertad antes de ser entregados los detenidos a las fuerzas de Falange (con lo que los mandos pensaban quedar exculpados e impunes), de hecho se firma después de la “orden de entrega” a dichas fuerzas. De modo que los detenidos del día 11 de septiembre fueron recogidos, uno individualmente y los otros en grupos, entregados por el Jefe de la Prisión (y sin duda llevados al cuartel de Falange) por dos “jefes de la fuerza”, que firman la entrega: Jesús Rodríguez, cuatro detenidos a las 16.45 horas, un detenido a las 18.45 horas y otros diez a las 19.30, e Isidro Santiago [citado entre los victimarios de Peñaparda], tres detenidos a las 18 horas. El traslado duró casi tres horas y la orden de “poner en libertad a todos los presos, menos Ramón Barragués” no se aplicó nunca, pues los detenidos pasaron de la prisión del partido al local carcelario de Falange y de éste fueron conducidos al matadero. No hay constancia de este complicado protocolo en las sacas posteriores. 

Indirectamente, como ya se ha sugerido, a la desmemoria de estas y otras víctimas han contribuido los encargados de los archivos y los registros civiles, con el hermetismo de la documentación que guardan. E incluso, también tienen su parte de responsabilidad los familiares más o menos cercanos de los “desaparecidos” que, sin duda a causa del miedo, han optado por la política del avestruz, sucumbiendo a la tentación del silencio, el olvido y la ignorancia real o supuesta de los hechos. Una actitud pasiva que, aunque comprensible, no deja de ser lamentable, porque “no querer saber nada” ha resultado cómodo, pero es el mejor servicio que se le ha prestado a los represores franquistas y el peor desprecio a sus propios familiares  asesinados (“No hay pero desprecio que no hacer aprecio”). 

El doble objetivo de la eliminación física y el expolio de su memoria no se ha cumplido del todo con los asesinados de El Bodón y de Fuenteguinaldo, que sucumbieron en las dos sacas carcelarias más numerosas, pues los testimonios permitieron la exhumación de sus restos mortales n 1979 y 2006, respectivamente. En los otros casos la jugada dio casi el resultado apetecido por los verdugos: sacas del 9 y del 16 de octubre, del 25 de noviembre y del 16 de diciembre. En la del 9 de octubre, al día siguiente de la saca masiva de vecinos guinaldeses y casillanos, fueron excarcelados dos de los primeros detenidos en la cárcel de Ciudad Rodrigo, sobre los que se tienen pocos datos, debido a la perfidia de sus verdugos y quizá a alguna circunstancia de las señaladas. 

Antonio de Julián Márquez, de 34 años, natural de Córdoba, hijo de padre desconocido y Carmen, jornalero, casado con María Isidora González Aranda, sin indicación de eventual descendencia (act. def. 14/08/1945, ASMJ). Había ingresado el 3 de agosto en la prisión de Ciudad Rodrigo, de donde salió al mes siguiente (18/09/36), pero reingresó el día 8 de octubre y salió al siguiente en esta presumible saca (AMCR, Desaparecidos 1936) 

Manuel Durán Sánchez, sin otros datos, aunque la condición de víctima mortal parece confirmada por testimonios de un sobrino (ASMJ). Había ingresado en la cárcel el día 26 de julio, el mismo día que los nueve primeros detenidos de El Bodón. Después siguió los mismos avatares carcelarios y destino final que Antonio de Julián. 

Un mozo de Casillas de Flores ejemplifica a la perfección la falta de reconocimiento que se cierne sobre los jóvenes solteros sacrificados hace ochenta años: 

José Martín Lanchas, de unos 20 a 22 años, hijo de Francisco y María, jornalero, soltero. En la tradición familiar no se han transmitido detalles concretos sobre la motivación de la detención y sus circunstancias, ni de la fecha y lugar de la ejecución extrajudicial, así como del lugar de enterramiento de su cadáver. Hasta ahora solo se tenían rumores contradictorios sobre “(…) el hijo de una tal María “la Casquella”, la cual insultaba a todos [los represores] porque le habían llevado un hijo” (CdF 2009).  

Su identificación nominal, gracias al testimonio de una sobrina, se produjo en el marco del  homenaje dedicado a las víctimas de este pueblo, con la colocación de una placa en el cementerio local el domingo 17 de julio, sin asistencia ni colaboración alguna de la corporación municipal. La víspera se adelantó una croniquilla con el necrologio, que propiamente debería haberse publicado el día de ayer y del que estas notas sirven de recordatorio. Y esto permite corregir el olvido en aquella ocasión de otra víctima ya identificada: 

Antonio Hernández Rastrero, de 37 años, hijo de Manuel y Narcisa, casado con Petra Bernal Martín con quien tenía cuatro hijas. Según el acta de defunción, tardía, falleció el 31 de agosto de 1936, en el término municipal de Ciudad Rodrigo, de “muerte violenta”, sin indicación de otras circunstancias (RCCR, act. def. 29/07/1980, inscripción practicada por orden del Juez de 1ª Instancia del Partido, derivada del expediente tramitado a instancia de la viuda). Pero esta fecha de fallecimiento es errónea, pues Antonio fue detenido en Casillas e ingresó en la prisión del partido de Ciudad Rodrigo el 10 de octubre de 1936, fecha posterior a la de su presunta muerte y salió de la cárcel el 16 de octubre de 1936 (AMCR, Desaparecidos 1936). Los testimonios añaden que la detención se produjo en el campo, adonde los captores lo fueron a buscar, y, según alguna versión, fue muerto y enterrado en lugar incierto (“en El Bodón o pa’ahí”. Entre las causas de su muerte, se da una agarrada que había tenido con otro vecino, que “era de derechas y tenía mal careo” (CdF 2008).